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Estimados Asociados: Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en  nuestro carácter de Presiente y Secretaria, respectivamente,  del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, para informarles que en miras a lograr la mayor participación de nuestra Asociación en el XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, el Sr. Coordinador Ejecutivo del mismo, Profesor, Dr. José Ma. Serna de la Garza ha emitido el pdf que se adjunta a la presente por el que los miembros del IIDC están exentos del pago de la cuota de inscripción a dicho evento.
En tal sentido, los interesados podrán ingresar a la página www.congresocentenario.unam.mx para obtener mayor información.
En tanto, todos los asistentes, ponentes o comunicadores ingresarán sus datos, incluyendo la calidad de miembro de la IIDC - lo que permitirá verificar en cada sección nacional dicha calidad - en la opción Inscripción- Registro (subir donde se indica recibo de pago el pdf adjunto). Asimismo, la organización pone a disposición de los asistentes un mail institucional para efectuar consultas: inscrición@unam.mx

Sin otro particular, saludamos a Ud. con atenta y distinguida consideración.                        
    
MARIELA UBERTI General / HORACIO DANIEL ROSATTI Secretaria Presidente

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DECLARACIÓN
Esta Asociación, creada en el año 1979 como una muestra de tenaz optimismo hacia el retorno de la democracia en tiempos muy difíciles, nuclea actualmente a buena parte de los profesores de Derecho Constitucional del país.
Ha sobrevivido en medio de los avatares institucionales porque se ha caracterizado por estar abierta a todos quienes ejercen la docencia universitaria en dicha asignatura o en asignaturas afines, sin distingos ni tamices de ninguna índole. Por ello ha sido, a lo largo de su historia, muy prudente en lo referente a sus pronunciamientos públicos, manifestándose sólo cuando ha considerado necesario esclarecer a la opinión sobre algún tema referente a su especialidad científica y/o cuando ha considerado necesario exhortar a los poderes públicos al fiel cumplimiento de su Constitución. 
En ese marco consideramos que la disputa entre los poderes del Estado en referencia a los temas judiciales, especialmente cuando se  intenta auscultar la actual idoneidad de un ministro de la Corte Suprema de Justicia o instalar el estado de sospecha sobre la conducta de sus miembros, no contribuye en modo alguno a mejorar la calidad institucional. Anhelamos que los tres órganos del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) contribuyan al sostenimiento del Estado de Derecho en la Argentina:  el Poder Legislativo cumpliendo su rol de control con plena autonomía funcional, cualquiera sea el funcionario involucrado y cualquiera el poder investigado (Ejecutivo o Judicial); el Poder Ejecutivo sujetando su accionar a la Constitución y a la ley y el Poder Judicial, en especial la Corte Suprema de Justicia, ejerciendo con probidad su labor, con la totalidad de sus miembros legales y a jornada completa.
Elementales razones de prudencia aconsejan que todo cambio que se intente sobre la estructura de la Corte Suprema de Justicia, en especial sobre la subsistencia de sus actuales miembros, la cobertura de las vacantes y la eventual modificación del número de sus componentes, deba ser producto de un profundo consenso social y político expresado a partir de la voluntad popular manifestada en las próximas y muy cercanas elecciones.

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